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Reforma Agraria, a tragar sapos envenenados para legalizar tierras: Mesa Guerra

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Foto/diariolaeconomia.com

Diario La Economía

La situación es tan compleja en el tema de las tierras que se hace necesaria una ley de perdón y olvido para formalizar predios con líos desde la colonia. Propone Departamento Nacional de Tierras.

Abordar el tema de la reforma agraria exige escudriñar en lo más recóndito de la historia y así comprender de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. La tenencia y explotación de la tierra contempla una serie de factores esenciales, pero con mucho énfasis en lo político, económico y sociológico.

En Colombia la propiedad y la tierra como la base de la economía primaria ha sido motivo de grandes debates, un tema que fue azuzado con la crisis de los años treinta cuando los más connotados pensadores optaron por redireccionar la economía, los sistemas productivos y la propiedad privada como activo básico de obtención y poder. En ese tiempo se impuso un nuevo modelo de crecimiento económico que decidió sustituir importaciones, todo un alto al desarrollo porque se habló de industrialización y mejoras, un camino que fue trazado igualmente por la situación económica mundial.

En los anales de la compleja historia colombiana y puntualmente del sector agropecuario hay unos antecedentes que tienen inicio en la época colonial, asunto nada fácil cuando vinieron las guerras de independencia y los enfrentamientos posteriores a la libertad, algo así como que el escenario era malo y se dañó. En medio de todo puede decirse que Colombia es vanguardista en reforma agraria con México, el primer proceso se dio en 1936.

Los gobiernos a través del tiempo decidieron a su estilo replantear e innovar las políticas para la ruralidad ya que era notorio el deterioro de unas estructuras agrícolas que venían a tono con los reveses de la economía. Las iniciativas de cambio, según los conocedores, eran la respuesta a esas inmensas necesidades de desarrollo, pero lamentablemente eran propuestas carentes de autonomía, enteramente sumisas a los manejos y estrategias macroeconómicas, en extremo restringidas o limitadas por los etenos ejes de poder.

El tiempo fue pasando y los problemas crecían con cada vencimiento del almanaque, las administraciones apagaron incendios con algunas decisiones que fueron diseñadas para generar un ambiente sano y en armonía entre colonos y los dueños de la tierra, tan fue así que nació un sistema de generación de pagos en especie para utilizar predios cultivables.

Colombia no fue un país fácil, tristemente se acostumbró a vivir en medio de guerras, conflictos y desencuentros, ejemplo terrible de ello la Guerra de los Mil días que empezó el 17 de octubre de 1899 y terminó con lamentables saldos el 21 de noviembre de 1902, las cosas no quedaron allí, siguieron los problemas y las reyertas bipartidistas que le fueron poniendo a los nacionales unos Santos Oleos de manera injusta e inconcebible, un pleito que redundó en más muertes, proscripción, migración y desplazamiento, todo un engendro social que desmejoró en el tiempo, por obvias razones, haciendo del despojo de tierras una práctica que llevó a acrecentar los problemas jurídicos por dicho fenómeno.

Buscando corregir falencias, el Presidente de la República Alberto Lleras Camargo expidió la Ley 135 del 13 de diciembre de 1961 o de reforma agraria que buscaba recomponer las estructuras sociales del campo y por ello atacó la injusta concentración de la propiedad, apostó por unidades productivas de minifundio y por darle tierra a quienes no la tuvieron.

Esta Ley le dio vida al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, entidad aperada con todo un arsenal jurídico, patrimonio propio y autonomía administrativa, también fue creado el Consejo Social Agrario, órgano consultivo y el Fondo Nacional Agrario que vio la luz con un presupuesto de 300 millones de pesos anuales. Esa Ley instituyó habilidades en materia de extinción de dominio en tierras no cultivadas y adjudicación de baldíos entre otras decisiones.

La Ley 60 de 1994 fue una legislación creada en plena vigencia del modelo de apertura económica, una destreza sin mayores impactos, puesto que vino un declive en siembras, el marchitamiento de la rentabilidad y la incursión dolorosa de importaciones.

En charla con Diariolaeconomia.com, el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, afirmó que en Colombia el problema más grande que se tiene es la informalidad de la propiedad a tiempo que indicó que es muy importante tener en cuenta que en el país se adquiere la propiedad con título y modo.

El título explicó, es lo que generalmente se conoce como escritura, término usado en diminutivo por los campesinos. Ese documento, dijo el versado, debe cumplir con unos requisitos, verbigracia que sea propiedad privada, que haya una cadena de tradición en dónde no se puede vender si quien ofrece el predio no es el dueño, luego debe haber una tradición de los bienes.

Sostuvo que el reto de Colombia es muy grande en materia de reforma tributaria porque tiene más de 2.5 millones de predios en falsa tradición o derechos incompletos, un ejemplo es la propiedad del abuelo que falleció hace 100 años y a las cuatro décadas apareció un bisnieto que puso en venta las mejoras de un lote. En este caso, especificó Mesa Guerra, el predio es de propiedad privada, pero con interrupción en la tradición, situación que al presentarse, deja los soportes de matrícula inmobiliaria como falsa tradición, lo que ante los ojos de la Ley es un derecho irregular, no apto para reivindicar al no tratarse del derecho de dominio.

“Ese es un problema muy grave que tienen Boyacá y Santander porque son regiones de enorme influencia de la corona española con escrituras muy viejas con el agravante que se vienen haciendo compraventas de mejoras y cuando se hace el estudio de títulos, el predio está en falsa tradición. Si bien se habla como referencia de los departamentos citados, el problema es de toda Colombia”, declaró el señor Mesa Guerra.

En Colombia se necesitan herramientas legales para enfrentar este inconveniente de falsa tradición y por ello el contertulio evocó sus tiempos de funcionario público frente a la Superintendencia de Notariado y Registro cuando profirió un Decreto muy útil habida cuenta que al menos el registrador de instrumentos públicos certifique una falsa tradición, vaya con ese papel a donde un juez que podrá adelantarles un proceso rápido a los campesinos. Con eso, apuntó, se ha avanzado mucho en Boyacá con la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que al hacer uso del Decreto 902, le permite a la entidad, desplegar en jurisprudencia, prescripciones cortas.

La labor exacta de la designada Ministra de Agricultura, por encima de tomar feudos de terratenientes para repartirles a los campesinos, es formalizar la tierra, es decir, darles propiedad privada a más de cuatro millones de lugareños que ocupan predios sin acreditar su pertenencia o dominio, hoy en falsa tradición, en pocas palabras propiciar el saneamiento en todos los bienes.

Indicó que, así como se piensa sacar adelante un proceso de paz total, debe impulsarse la amnistía en la propiedad, es decir dar seis meses para que toda la gente legalice la tierra por voluntad propia sin que le cueste nada en tanto el Estado forma unos tribunales con mucha prisa para que los jueces definan a las personas en menos del semestre la legalización de la tierra, ello con una amnistía. Expresó que le preocupa que el nuevo Gobierno no esté hablando se ese tema, de la manera como deben quedar saneados los predios.

A criterio de Mesa Guerra al nuevo Gobierno le tocará apelar a una Ley de perdón y olvido o una iniciativa legislativa de saneamiento automático y así como la nación debió tragar sapos envenenados con la paz, habrá que recurrir a lo mismo en la propiedad, pues de lo contrario no podrá resolverse el problema de Boyacá o Santander, ya que tan solo se han dado paños de agua tibia.

El experto reconoció que en ese sentido el Presidente Juan Manuel Santos le dio una ayuda a Boyacá, sin embargo, no fue suficiente porque la Constitución Política dice que solo los jueces pueden hacer las prescripciones, un proceso de pruebas, en donde debe demostrarse que no hay vecinos, que existe interés en el lote o que ya murieron los propietarios antecesores, algo que para un campesino es imposible hacer.

El problema no es nada mínimo porque viene desde tiempos de la colonia y tiene de por medio mitas, encomiendas, resguardos y todo tipo de figuras que le dan a una o más personas poder sobre la tierra, todo un lío. Al lograse zanjar el problema de los modestos latifundios vía legalización o formalización, habrá en el país mucho desarrollo económico tal y como ocurrió en Perú que reportó el crecimiento económico más alto cuando legalizó sus tierras porque solo así los campesinos accederán al crédito, podrán hipotecar los predios, mejorar la vivienda, mover negocios y aprovechar la esencia de las notarías para hacer actividades comerciales, es decir que habrá más recursos en la economía, todo en beneficio de los municipios.

Una propietaria digna de toda fe

Como dato curioso, Jairo Alonso Mesa Guerra, citó el caso de Suaita en Santander, el municipio ubicado en la hoya del Río Suárez, conocido como la despensa agrícola y turística para el mundo. Este pueblo en su totalidad es una falsa tradición y no ha sido posible legalizarlo porque hace muchos años un terrateniente le dio a la parroquia un predio dirigido en propiedad a la Virgen María, lugar en donde hoy se ubica la localidad, es decir que religiosamente Suaita es propiedad de la Santísima Virgen, literalmente la patrona que dicho sea de paso no se ha aparecido a firmar la escritura.

Todo empezó en 1810, días antes de la primera independencia, periodo en el que don Juan Crisóstomo de Echeverría, intimidado por epidemias, le cedió tierras a la hoy excelentísima Virgen de la Candelaria Con el paso del tiempo, en 1870 el Tribunal Superior del Antiguo Estado de Santander, avaló los derechos a la parroquia en donde actualmente está el bendecido municipio.

Los baldíos, otro chicharrón

Un tema igual complejo es el de los baldíos por cuanto Colombia no ha hecho un inventario de estos bienes rurales ociosos, no obstante hay varios estudios como el del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAT, que asegura que en el país hay siete millones de hectáreas en estos predios improductivos, la Superintendencia de Notariado y Registro da cuenta de seis millones de hectáreas aproximadamente y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, suma cuatro millones de hectáreas, luego no hay unificación en el área de baldíos.

Mesa Guerra expuso que en Colombia ningún latifundio está desocupado, el baldío que es esa tierra que no ha salido del dominio del Estado de algo le sirve a alguien. Anotó que al desplazarse llano adentro, no hay una sola hectárea que no tenga un cerco, es decir que tierra baldía dejada no hay como para decir que hay consolidado un banco de tierras.

La ocupación, detalló el exsuperintendente de Notariado y Registro, se está dando por gente que lleva muchos años habitándola, por gente que tiene ganadería extensiva y lotes.

“La primera política que debe promover el Estado y nadie habla de ella, es la recuperación de los baldíos, pero dígale a un llanero que tiene 5.000 vacas en 20.000 hectáreas que le van a desocupar la tierra, inmediatamente se forma un conflicto. De otro lado, el lío se agiganta porque no es posible sacar 5.000 bovinos de una carretera, pues si bien los llaneros no son amigos de protestar, si amenazan con llevar los ganados a las vías. Es urgente tomar medidas, uno titular y darle derecho al ocupante actual o recuperar esas tierras, ese justamente es el primer dilema y embrollo que debe resolver la Ministra de Agricultura”, añadió Mesa Guerra.

 

Esa labor de identificar tierras baldías o tomadas por la comunidad es de la mayor exacción, ya que demanda recursos, instrumentos, tecnología y la articulación de varios entes para afianzar cifras y estudios. Cabe recordar que, en tiempos del proceso de paz, Jairo Alonso Mesa, propuso crear el Instituto Nacional de Tierras en donde se recogerían todas las entidades que tienen que ver con predios y baldíos. Mesa Guerra indicó que en el país hay muchas instituciones diseminadas y por ello se ve dispersión de funciones, el IGAT tiene unas labores, la ANT reporta otras y la Superintendencia de Notariado y Registro asume lo propio en asuntos de tierra. No hay una labor conjunta porque todos los organismos pertenecen a diferentes sectores, no hay diálogo y para el caso del IGAT que dejó de ser un instituto geográfico sino catastral, pertenece al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

La Agencia Nacional de Tierras pertenece al Ministerio de Agricultura, el ministerio de Medio Ambiente tiene a Parques Naturales que igualmente maneja una política de tierras al interior de las reservas y finalmente está la Dirección General Marítima y Portuaria, DIMAR, que no tiene ninguna competencia, pero asume el deslinde de playas, función que viene adelantando.

Advirtió que, si Colombia no articula su política en el manejo de la propiedad, nunca tendrá la famosa reforma agraria tan promovida por el nuevo Gobierno. Dijo que, si no existe una institucionalidad propia para ese propósito, las metas serán siempre lejanas. Propuso la creación del Departamento Nacional de Tierras, totalmente transversal a todos los ministerios.

Un caso que pide revisión es el de la Unidad de Restitución de Tierras en donde todo lo que se hace es en derecho, pero sin que se acerque en lo más mínimo a la agricultura porque solo se habla de abogados, demandas, jueces y tribunales, una labor netamente de justicia y no de producción agropecuaria. Todo eso, aseveró Mesa, obliga a unificar todo en el Departamento Nacional de Tierras y poner de manera paralela el Registro de Tierras, un instrumento que deja plata porque si hay algo caro en Colombia es precisamente el documento de propiedad inmobiliaria.

Agregó que la idea es que la nueva entidad no dependa de ningún ministerio porque la tierra se necesita para vías, conservación del medio ambiente, minería, agricultura y enriquecimiento de las ciudades entre tantos usos. Insistió en que se está hablando de un sector transversal a todo puesto que las políticas de saneamiento son rurales y urbanas porque la falsa tradición en el campo es también útil en lo urbano puesto que en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali hay una informalidad muy grande, de tal proporción que hay barrios enteros en la “Capital de la Montaña” que no cuentan con titulación, se espera la prescripción y los propietarios todavía están reclamándole al municipio, una cantidad de litigios que surgen y que únicamente se resuelven con institucionalidad y plata.

Para concluir, afirmó, el tema de los baldíos debe definirse y si hay una política para recuperarlos es perentorio llevarlos a un banco de tierras que en Colombia no existe. De otro lado se puede negociar con quien ocupa una tierra de esta característica para que siga con sus proyectos productivos y devuelva el resto. En tercer lugar, habría que tomar medidas con los baldíos que no son susceptibles de adjudicación, por ejemplo, terrenos en donde hay una casa-finca, activo que no tiene relación con la productividad agraria. Lo real es que no se puede demoler la propiedad construida y sacar a sus habitantes, la salida es resolver el problema a esos miles de personas que construyeron una casa de recreo en un baldío, cristalizando el sueño de un segundo hogar.

En cuestión de tierras, precisó Mesa Guerra, aplica un viejo adagio, “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. Al abordar la máquina del tiempo fue en las épocas republicanas e inclusive en las primeras décadas del siglo XX cuando los conservadores eran los dueños de la tierra y como respuesta el liberalismo creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, agrupación que inició actividades en los departamentos de Córdoba y Sucre.

En ese momento convulsionado, los liberales invadieron tierras de potentados conservadores lo que desencadenó una serie de conflictos, si llegaba un gobierno de trapo rojo invadía, pero al retomar el poder el partido Conservador diligenciaba una Ley de reforma agraria y compraba los terrenos ocupados.

Catastro multipropósito puede ser una buena herramienta

La Superintendencia de Notariado y registro define el catastro multipropósito como el inventario o censo de las casas, lotes, terrenos o bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el objetivo de lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos.

La entidad define este tipo de política catastral como un servicio público, orientado a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información de los bienes inmuebles públicos y privados.

Es llamado multipropósito porque registra de manera sistemática y permanente la información física, jurídica, económica de todos los predios, la cual se integra con la información del Registro inmobiliario y con otros sistemas de información territorial, puede ser ambiental, social, económica, étnica y demás.

La información geográfica generada, dice la Superintendencia, debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y en beneficio de los ciudadanos. Con esto, expone, se desmitifica que el catastro sea asociado sólo al impuesto predial.

Sobre la funcionalidad del catastro multipropósito, el exsuperintendente de Notariado y Registro Jairo Alonso Mesa Guerra, expuso que es una herramienta versátil, pero dejó claro que, durante el gobierno de Iván Duque Márquez, fue muy mal manejado porque se hizo con personas que vieron en el catastro un buen negocio y no una solución. Señaló que por eso hubo operadores que quisieron apropiarse de ese censo analítico de la propiedad inmobiliaria por espacio de 30 o 40 años sin saber del asunto, en consecuencia, se focalizaron más en el recaudo del impuesto predial que por crear un sistema de información cartográfico.

En su cuestionamiento, Mesa Guerra resaltó que Colombia actualmente está generando un software de tramitología catastral, una tecnología capaz de cobrar el impuesto predial en donde está la crema del negocio o la plata. Lamentó que en todo el país no hay un solo software en capacidad de combinar los temas físicos, jurídicos y económicos, las capas que conforman el catastro multimodal o multipropósito.

“Cuando hay forma de poner con toda claridad en una misma base de datos lo jurídico que está en Supernotariado, lo físico que debe reposar en el IGAC o en su defecto en el operador catastral y lo económico que es lo que les importa a las secretarías de hacienda de los municipios, todas las tres capas en un solo sitio, hay catastro multipropósito.
En Colombia el software que se había diseñado para registro, hasta hace una semana, apenas está saliendo, el IGAC nunca modernizó su sistema o base tecnológica porque no tuvo la plata y tampoco le trabajó a eso, los operadores catastrales están laborando en un lenguaje independiente porque no hubo una política de unificar los enunciados y las secretarías de hacienda no están en capacidad de combinar las tres cubiertas”, puntualizó Mesa Guerra.

 

El docto anotó que si no se hace un viraje con el catastro multipropósito en donde se maneje un solo sistema de información, así como se maneja el método de impuestos con una base de datos muy crecida y una tecnología que envía la declaración de renta hecha. Solicitó un esquema unificado en donde un individuo pueda meter los datos de su apartamento y pelear con la red por el avalúo, hasta allá, repisó, hay que llegar.

Ese método en el que Jairo Alonso Mesa trabajó arduamente tras el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tiene un gran componente expresado en sistemas de información, Big Data e inteligencia artificial, motivo por el cual si a la solución no se le introducen esos tres elementos, el catastro multipropósito será otra vez un servicio por municipio o por operadores catastrales que están muy felices ganado espacio en los departamentos, pero no agregando valor a lo que hay actualmente.

Ejemplo o referente son Bogotá y Barranquilla que se apuntalan como modelos en catastro que tienen unos sistemas de información muy buenos para recolección de predial, pero muy malos en lo cartográfico. Medellín, es sabido, gasta plata organizando el archivo, sin embargo, adolece de celeridad para subir todo eso al sistema.

“Si no hay un departamento que unifique todo, lo jurídico, el tema físico y el económico, no le veo mucho futuro al catastro multipropósito”, indicó el experto.

Es urgente manejar un sistema con tecnología nacional que logre leer las necesidades del país porque el 70 por ciento de la población colombiana vive en los Andes, es decir que las soluciones españolas y holandesas no están diseñadas para las montañas colombianas en donde son muy poco eficientes. Hay atrasos, poca infraestructura y la falta de una red tecnoética actualizada.

El catastro multipropósito tiene futuro solo si es abordado por una política de Estado que le garantice continuidad, optimizando los escenarios y haciéndolo eficiente y confiable, Colombia podría tener un sistema catastral multifuncional en el largo plazo, no a cuatro años como lo tiene trazado el Gobierno entrante, es un plan que supera el horizonte de los 20 años.

Colombia necesita mejores instrumentos, el país tiene la referencia de la Colonización Antioqueña que inicio en 1780 cuando las familias pobres de la gran tierra paisa salieron en búsqueda de tierras ignotas, inexploradas y vírgenes para hacerse con la tierra que les permitiera tener tierra, instituir fincas, erigir pueblos y fundar ciudades. Puede decirse que la gran revolución agraria que duró un siglo se afianzó en las duras y retadoras montañas de las cordilleras occidental y central. En esa Colombia incipiente y cruda fueron trazados caminos reales, se impuso una arriería fuerte y gran motor de ese desarrollo fueron bueyes, caballos, burros y mulas que abrieron paso a un progreso acelerado. Finalmente alcanzando cimas importantes como Risaralda Caldas y Quindío, germinó la siembra del café, el producto que hoy sigue vigente en los mercados internacionales.

La gran conclusión es que el colombiano sigue siendo colono, va en busca de lugares en donde pueda tener y soñar, su espíritu nómada y aventurero hace parte de ese recio ADN y por eso es más apremiante tener los registros que cuenten con mayor precisión la nueva historia.

Muchos tienen la idea que recibir tierra es suficiente, pues hay que dotar los predios de infraestructura, bienes públicos, vivienda, vías terciarias y silos entre tantas otras capacidades.

En el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe se repartió tierra de manera importante, lo cual fue una usanza grata para Jairo Alonso Mesa Guerra, que tuvo experiencias en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y luego en otras designaciones en el segundo mandato del Jefe de Estado.

“Por la experiencia que tengo puedo decir que muchas veces se reparte miseria puesto que uno condena a los campesinos a que se apeguen a una tierra que no les da para vivir, eso porque la unidad agrícola familiar en Colombia está mal diseñada, entonces al entregar cuatro hectáreas a un núcleo en el Magdalena Medio que pueden costar 1.000 millones de pesos, se incurre en una equivocación. Esa tierra es productiva cuando existe la capacidad de tecnificar los predios y el conocimiento para hacerlo. La mayoría de los lugareños esperaban con ansiedad que pasaran 10 años para poder vender sus fincas. A los beneficiados les compré combinadas, les di dotación, les hice pozos profundos, todo se les suministró para que pudieran producir porque era un proyecto para mostrar a nivel internacional, hoy de todos esos campesinos no queda ninguno pues prefirieron vender e irse para la ciudad”, narró el exsuperintendente de Registro y Notariado.

Quienes fueron a la Altillanura recibían en promedio mil hectáreas que es la unidad agrícola del llano, una extensión prácticamente imposible para sembrar y producir en unas hectáreas cotizadas en 250 millones de pesos cada una, en total 2.500 millones de pesos, plata que los bancos no les prestan. Esos campesinos allá también, expuso el conocedor, terminan sencilla y llanamente en una vaca.

La solución para Mesa Guerra, más allá de dar tierras, está en los proyectos asociativos en donde los trabajadores del campo tienen más oportunidad, una muestra es la producción de palma de aceite en donde quien tiene capacidad económica se une con los campesinos y al unísono todos ganan, tal y como se vio y se ve en María La Baja, Bolívar, en donde la gente pasó de sumar una vaca, una mata de plátano y una choza en 15 hectáreas a tener ingresos importantes y calidad de vida porque sembraron palma en 10 hectáreas y en las otras cinco siguieron con ganado, plátano y otros cultivos.

Hoy los agricultores de esa zona de los Montes de María tienen en promedio 40.000 hectáreas sembradas en palma, tienen asegurada la venta de fruta, cuentan con una procesadora de aceite y sus vidas cambiaron, de tal suerte que viven muy bien y educan sin problemas a sus hijos en colegios y universidades. Estos agricultores dejaron la pobreza, no por la tierra, sino porque aprovecharon la oportunidad de trabajar en planes asociativos.

A criterio de Mesa, Colombia más que reforma agraria necesita una política de desarrollo rural integral porque hay tierra y proyectos productivos. La palma siendo una siembra de largo plazo se puede combinar con cultivos de ciclo corto. Aseveró que el país no quiere aprender y sigue matriculándose en las modas en vista que hoy está en la del aguacate, sector en donde a la gente le va bien, de todas maneras, manifestó que para la crisis de esa fruta llamada el “oro verde”, no hay un plan B.

El reto de Gustavo Petro es llevar desarrollo rural en las zonas planas, zonas del trópico en donde más se necesita inversión, pero igual proyectos asociativos y mucha creatividad.

Los proyectos liderados por Mesa, tuvieron una característica, en su propósito llevó a los predios entregados, beneficiarios profesionales con raíces campesinas, un ejemplo, agrónomos, economistas, abogados, politólogos y psicólogos porque el conflicto entregó una herencia muy brava, un problema mental fuerte que en el campo se ve más.
En la ruralidad, deploró el experto, hay demasiada depresión lo cual se refleja en suicidios, asesinatos y actos abominables, todo un contexto para hacer la maestría del dolor.

“La reforma agraria no es un discurso, se trata de tomar lo que hay y construir sobre eso, edificar en donde ya existen bases y todo el soporte que garantiza éxito en la comunidad productiva, es dar tranquilidad para disfrutar el campo, anda más”, concluyó el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra.

Queda en el ambiente una inquietud, ¿qué hará el Presidente Petro para ponerle freno a los carteles de la tierra en donde unos pocos ganan con la necesidad de muchos, y hacer pragmáticamente de la reforma agraria una política eficaz?, igual el país espera que las fértiles y excesivas hectáreas en manos de los indígenas produzcan y muestren las bondades de la Madre Tierra, Colombia pide alimentos, trabajo y compromiso, la pereza no es una opción.

*Tomado de: https://diariolaeconomia.com/notas-de-la-finca/item/7304-reforma-agraria-a-tragar-sapos-envenenados-para-legalizar-tierras-mesa-guerra.html

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