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NO HAY NI UN CONDENADO POR piratería de semillas

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SAC - Sociedad de Agricultores de Colombia

Aunque el año pasado la industria productora de semillas, en solo renglón arroz, percibió pérdidas estimadas en $300.000 millones por concepto de la piratería de este insumo, en Colombia no hay un solo condenado por este ilícito. La denuncia es de Leonardo Ariza Ramírez, gerente general de Acosemillas, organización que desde años viene dando una lucha, infructuosa hasta hoy, porque se le ponga freno a
esta práctica que atenta contra la economía de los agricultores y el estatus fitosanitario del país.

Según el dirigente gremial, una parte de la explicación al creciente fenómeno de la piratería está en la baja capacidad de control de las autoridades y la escasa judicialización del ilícito, el cual se ha incrementado en los últimos quince años, después que se dejara de exigirles a los agricultores la factura única en la compra de las semillas certificadas, para acceder al crédito y otros incentivos del Estado.

De acuerdo con la Resolución ICA 3168 del 2015, en Colombia, solo son quince especies las que tienen semillas certificadas: arroz, maíz, algodón, papa, sorgo, arveja, avena, cebada, trigo, soya, ajonjolí, maní, yuca, fríjol y cítricos.

“Aquí tenemos una autoridad con jurisdicción para enfrentar el problema –el ICA–, pero no es fácil ejercer los controles debidos en un país como el nuestro, tan complejo y extenso. En la
Fiscalía General de la Nación existe la Unidad de Propiedad Intelectual que podría ayudar a combatir este delito, y la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, igualmente tiene jurisdicción para proteger los derechos de obtentor de las compañías de semillas. Pero el problema continúa”, dice Ariza Ramírez.

EL TRABAJO PARA COMBATIR LA PIRATERÍA

  1. Reuniones de defensa de la legalidad en semillas. En coordinación con el ICA, se conformó una
    mesa de trabajo entre instituciones como Acosemillas, Fedearroz, Polfa, para organizar e implementar estrategias de trabajo que contribuyan a combatir el ilícito.
  2. Uso de marcadores moleculares para la observancia de derechos de obtentor. Convenio entre el ICA
    y Agrosavia, con el fin de desarrollar la línea base de esta técnica para la identificación varietal de varias especies, iniciando con arroz. Este insumo es clave para el control de la comercialización; pero
    para llegar a esto se necesita construir el sistema de información desde el productor de semillas hasta los molinos, para identificar si el arroz que se entrega proviene de semilla certificadas y semillas con derechos de obtentor.
  3. Trazabilidad en la producción de semillas, con el uso de tecnología digital para la protección contra la piratería (blockchain), mediante el desarrollo de una aplicación QR (quick response).
  4. Campañas de educación y comunicación sobre beneficios del uso de semilla certificada y sobre la violación de los derechos de obtentor.
  5. Posibilidad de hacer contratos en el marco, por ejemplo, de Soya-Maíz, Proyecto País. El esquema de agricultura por contrato le daría mucha seguridad al obtentor y al productor. Pero también ganarían la banca, porque el cliente va a poder cumplir
    sus obligaciones, y el medio ambiente, ya que con semilla certificada se necesitan menos aplicaciones de agroquímicos.

La otra razón por la cual crece la oferta de semilla pirata, o “de costal”, es que detrás del negocio hay bandas organizadas, fuerzas ilegales muy poderosas. “Es obvio que no se trata de unos agricultores a quienes se les ocurre piratear semillas. Pirata no es el campesino que vende o intercambia su semilla, sino
quien produce y comercializa una semilla haciéndola pasar por certificada”. Infortunadamente, en el país no existen cultivos “inmunes” a la piratería, pero sí unos más afectados que otros. Así, por ejemplo, en el 2021, en 95% del área sembrada se usó semilla no autorizada por el ICA, mientras que en arroz se llegó
a 79%.

Pero el negocio de la piratería de semillas, asegura Leonardo Ariza, no solo afecta la productividad y la competitividad del campo, y pone en riesgo el estatus fitosanitario del país, con pérdidas económicas incalculables y la pérdida de mercados de exportación, sino que ha llevado al cierre de compañías productoras.

“De las trece empresas que en el 2012 se dedicaban a la obtención y oferta de variedades de semilla certificada de arroz, solo quedan cinco en el mercado”, revela el dirigente gremial, para quien esa desinversión puede seguir, incluso por parte de empresas de otros renglones, “lo que sería muy grave, porque quedaríamos en manos de los piratas. Se acabaría la riqueza genética, lo que terminaría en pésimas cosechas y malos productos”.

Frente a esta delicada situación, Acosemillas insiste se debería pensar en que el uso de semilla de calidad sea un requisito para el acceso a incentivos como tasas de interés diferenciales en las líneas especiales de crédito, seguro agropecuario, incentivos de cosecha y programas de agricultura por contrato, entre otros.

“La piratería desestimula la inversión y la investigación de las empresas de semillas para ofrecer nuevas y mejores variedades adaptadas a las condiciones propias de cada región y capaces de enfrentar los desafíos del cambio climático, plagas y enfermedades limitantes, así como materiales con mejores contenidos nutricionales para los consumidores”, concluye Leonardo Ariza.

*Tomado de: https://sac.org.co/wp-content/uploads/2022/04/Revista-SAC-1023_Digital.pdf

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