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Venezuela deberá pagar más de $1600 millones por expropiación de Agroisleña

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Foto: @Ciadi cuenta de Twitter

Crónica.Uno (@CronicaUno) / Twitter

El Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos demandó a Venezuela ante el Ciadi en julio de 2016 por la expropiación del Grupo Agroisleña. El Tribunal ordenó pagar la suma de $1.629.000.000 como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela.

El Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos consiguió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un fallo a su favor, que estaba en curso desde julio de 2016, por la expropiación del Grupo Agroisleña (conformado por 10 empresas). Venezuela deberá pagar más de $1600 millones al conglomerado español.

El Ciadi dictó su decisión el 23 de marzo de 2022 en la cual determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C. A., Insecticidas Internacionales C. A., Proyefa C. A. y Venezolana de Riego C. A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela. 

El Tribunal ordena a Venezuela pagar la suma de $1.629.000.000 como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela, más intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más cuatro puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente.

Además, el Ciadi ordena a Venezuela pagar $1.108.819,24 por costos del procedimiento y $16.308.725,30 por gastos incurridos por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en la defensa de sus derechos, lo que da un total de $1.646.417.544. 

En enero de 2016 el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos recordó en un comunicado que por más de 52 años acompañó, asistió y apoyó a los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas de Venezuela con importantes inversiones en infraestructura, investigación e innovación tecnológica.

En octubre de 2010 Hugo Chávez emitió el Decreto 7.700, que ordenó la expropiación forzosa de los activos del Grupo Agroisleña. Asimismo, el Estado ordenó una serie de medidas judiciales y administrativas de ocupación de dichos activos. A principios de octubre de 2010 las juntas directivas fueron removidas de sus cargos y el Estado designó a nuevos directores para cada una de las 10 empresas. 

Tras la expropiación en 2010 y hasta 2016, la empresa seguía esperando el pago de la compensación económica por la expropiación, de acuerdo con lo establecido en las leyes venezolanas y el tratado bilateral de promoción y protección de inversiones existente entre España y Venezuela.

Desde el año 2000 hay reclamos contra Venezuela en el Ciadi, mientras que a partir de 2006 aumentaron las demandas, lo que ubicó a Venezuela como el país con mayor número de arbitrajes activos en esa institución. Datos del especialista en derecho administrativo José Gregorio Torrealba sostienen que hasta 2021 la nación sumaba más de 50 casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 

Durante el gobierno de Chávez y hasta 2020 se produjeron más de 5000 expropiaciones en el país. Estas empresas se han vuelto ineficientes, al punto de que el propio Estado ha decidido reprivatizar algunas y entregarlas a sus antiguos dueños. El caso más reciente es el de Sambil La Candelaria, que fue devuelto al grupo Cohen la semana pasada, tras 12 años de inactividad debido a órdenes de Hugo Chávez.

*Tomado de: https://cronica.uno/venezuela-debera-pagar-mas-de-1600-millones-por-expropiacion-de-agroislena/amp/

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