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La trampa de la comida barata

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Imagen MARIA JOSÉ DURÁN

El País - YouTube

El nuevo ministro de Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, del partido de Los Verdes, ha declarado la guerra a la comida barata. Este político vegetariano ha empezado en el cargo con una propuesta poco habitual: un encarecimiento de los productos agrícolas. “No debe haber más precios basura para los alimentos; llevan a las granjas a la ruina, impiden más bienestar animal, promueven la extinción de especies y contaminan el clima. Quiero cambiar eso”, declaró hace unas semanas Özdemir. Habrá que ver hasta dónde llega el alemán, y que efectos tiene esto en la política de la Unión Europea, pero las palabras del ministro señalan ya una de las prioridades de los ecologistas: el carro de la compra.

Durante mucho tiempo, uno de los retos de la humanidad ha sido conseguir alimentos para toda la población del planeta. Sin embargo, como demuestran también la fuerte polémica con las macrogranjas en España y el despliegue táctico de los partidos políticos con este asunto en plena campaña electoral, cada vez importa más de dónde viene esa comida. En los estantes del supermercado hay productos de calidad y saludables, pero también otros vinculados con la deforestación de selvas, el cambio climático, la contaminación de ecosistemas, el maltrato animal, la explotación laboral…

“Los precios son el meollo de la cuestión”, destaca Dionisio Ortiz, catedrático en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia. “Empieza a haber un cierto consenso en el ámbito académico en que los precios de los alimentos no reflejan los costes totales de su producción, no reflejan lo que a la sociedad le cuesta o está sacrificando para obtenerlos, en gran medida por sus impactos ambientales”, señala. A su juicio, el marco regulador sí debería obligar a los responsables a asumir esos costes ambientales, aunque esto pueda terminar encareciendo los alimentos en el mercado. “Un alimento que produzca más daño ambiental debería ser más caro”, subraya Ortiz.

Como se ha criticado rápidamente al ministro alemán, una subida de los precios puede ser muy perjudicial para el acceso a los alimentos de la población con menos recursos económicos. No obstante, el catedrático de la Politécnica de Valencia considera que esto puede solucionarse mediante medidas fiscales, con una política redistributiva. Además, según incide, no se trata solo de asegurar el acceso a la comida, sino a la comida saludable. “Comer mal es barato”, afirma Ortiz, “las estadísticas demuestran que el sobrepeso o la obesidad tienden a concentrarse en los estratos de renta más bajos, eso tiene que ver con malos hábitos alimentarios en los que también hay dificultades de acceso económico a una alimentación adecuada”.

Zona de carne procesada en una cadena de supermercados de A Coruña.
Zona de carne procesada en una cadena de supermercados de A Coruña. ÓSCAR CORRAL

A los agricultores y los ganaderos tampoco les cuadra lo que se paga por la comida. Para Pedro Barato, presidente del sindicato agrario ASAJA, “este es el gran problema del campo español, cuando no puedes repercutir en el precio lo que cuesta la producción”. Sobre todo, cuando producir los alimentos cuesta más (entre otras cosas, por las exigencias ambientales). Hace una década, el importe de los costes de producción en el sector agrario se situaban en menos de 20.000 millones de euros y suponían el 46% del valor de la Producción Final Agraria. Hoy han pasado a significar cerca del 60%, hasta casi los 30.000 millones.

“Si a mí me cuesta producir una sandía 12 céntimos no se puede vender a 8″, incide el representante de ASAJA. Sobre el papel, en base a la Ley de la Cadena Alimentaria, los primeros compradores, fundamentalmente operadores e industrias, tienen la obligación de pagar a agricultores y ganaderos unos precios que supongan al menos los costes de producción. Sin embargo, una cosa es la ley y otra su aplicación, dadas las condiciones específicas de la oferta agraria, con productos agrícolas perecederos y otros alimentos ganaderos a los que hay que dar salida obligatoriamente en un momento determinado. Un pollo debe salir de la explotación a los 45 días y un lechazo a los 30.

Para fijar un precio que cubra todos los costes de producción, así como los ambientales o de bienestar animal, debería existir un equilibrio en la cadena, una negociación entre iguales, no como sucede en la actualidad, donde hay partes que tiene una clara posición de dominio, como la gran distribución en sus estrategias de vender alimentos a la baja para ganar cuota de mercado. “No se puede permitir que una cadena de supermercados venda a pérdidas un producto como reclamo para que el consumidor llene el carro”, enfatiza Pedro Barato, que considera que deberían existir unos precios de referencia.

Los más vulnerables en esta situación son los pequeños y medianos productores, que no pueden aprovechar las economías de escala de las grandes empresas agrarias. Jorge Izquierdo, ganadero de vacuno y ovino en Colmenar Viejo (Madrid), cuenta que debe malvender un lechazo por menos de 50 euros y una vaca a un precio como si fuera solo para elaborar hamburguesas. “Y con tantas exigencias económicas y de dependencia, y a estos precios, quieren que los jóvenes se incorporen al campo”, apostilla.

En la Unión Europea, la Política Agrícola Común (PAC) nacía en los años sesenta del pasado siglo con el objetivo de lograr una autosuficiencia alimentaria, calidad a un precio asequible y que, a la vez, contribuyera a mantener la actividad de agricultores y ganaderos. El éxito de productividad fue tan grande que, en las últimas décadas, Bruselas se vio obligada a establecer limitaciones en algunas producciones por el coste que suponía su almacenamiento, destrucción o exportación.

Hoy, en el marco del Pacto Verde Europeo, ha cambiado el escenario. La PAC pretende dejar a un lado la carrera de la productividad y tiene un componente dominante de exigencias en materia de medio ambiente y cambio climático con el objetivo de lograr una reducción de emisiones, la sostenibilidad de los suelos y frenar la degradación de los mismos. En esta línea se hallan medidas como la rotación de cultivos, la reducción del uso de agua, el abandono de tierras de laboreo mínimo, los cultivos generadores de nitrógeno y, sobre todo, iniciativas como las estrategias De la Granja a la mesa o Biodiversidad UE 2030 por las que, entre otras medidas, se plantea una reducción en el uso de abonos químicos en un 20% junto a una reducción de plaguicidas y de productos zoosanitarios en un 50%.

Esta iniciativa verde comunitaria estuvo congelada en los cajones de la Comisión ante el temor a la respuesta negativa del sector. Según la propia valoración de un organismo comunitario como el Centro de Investigación Común (JRC, por sus siglas en inglés), su aplicación supondría una reducción media de las producciones de entre un 15% y un 20% por la caída de los rendimientos, a la vez que aumentaría los costes de producción. Organizaciones agrarias y cooperativas de la UE rechazan radicalmente la iniciativa por entender que amenaza la viabilidad de la actividad agraria de la UE. “No tiene lógica una sostenibilidad basada en dejar de producir”, señala el presidente de ASAJA. “Con estas políticas estamos poniendo en peligro nuestra autosuficiencia alimentaria, aumentando nuestra dependencia exterior y además poniendo en riesgo la actividad de agricultores y ganaderos comunitarios”, añade.

En esta misma línea, también se percibe como una amenaza la recomendación de reducir el consumo de carne para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, para Dionisio Ortiz, “todo esto no tiene que implicar que haya menos agricultores o ganaderos”. Según comenta el catedrático de Economía y Ciencias Sociales, “en España, la ganadería está evolucionando a una concentración de explotaciones muy destacada, con un bum del porcino muy vinculado a la exportación y el declive de la producción de otras especies, como el ovino o el caprino. Una reducción del consumo de la carne podría ir aparejada a una cierta reestructuración del sector ganadero, con una disminución de la producción, pero manteniendo o incluso ampliando las explotaciones”.

Como afirma este experto, “ya está habiendo menos agricultores, pero como consecuencia de la configuración de este sistema alimentario mucho más corporativizado que sigue expulsando no solo a pequeños agricultores, sino también a pequeñas industrias de transformación y pequeños comerciantes”. “A menudo, todo esto está asociado”, señala Ortiz, “estamos viendo que pequeñas explotaciones ganaderas están desapareciendo en algunos sitios porque los mataderos locales también han desaparecido, porque las carnicerías de barrio a las que vendían también han cerrado por la competencia de la gran distribución”.

En cualquier caso, en el sector agrario no se entiende que Bruselas autolimite sus posibilidades de producción por medidas ambientales o de bienestar animal, mientras no se piden las mismas exigencias a los alimentos que vienen de fuera. Este problema ya preocupa también en las propias instancias oficiales comunitarias y en esa línea se halla la iniciativa del ministro español de Agricultura, Luis Planas, reclamando que Bruselas aplique a las importaciones la llamada “cláusula espejo” por la que se deberán cumplir las mismas exigencias. “¿Qué pasa con un producto que viene de América o de Asia, ahí el cambio climático no les afecta para nada?”, se pregunta Barato.

Estas políticas ya han tenido efectos negativos sobre algunas producciones agrarias españolas. En el caso de la alubia verde, la producción nacional se ha reducido a mínimos ante la avalancha de oferta barata de Marruecos. Lo mismo sucede con el tomate, donde España ha bajado sus ventas en los países comunitarios de más de un millón de toneladas a unas 700.000, espacio que ha ocupado el país norteafricano.

Lo más recomendable desde un punto de vista ambiental para aquellos consumidores interesados en reducir la huella ecológica de lo que comen es priorizar la compra de vegetales, de temporada y de proximidad. Pero también resulta fundamental al pasar por caja con la compra no olvidarse de pagar de forma justa.

*Tomado de: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-01-30/la-trampa-de-la-comida-barata.html

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