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Para cumplir reforma rural del acuerdo de paz faltarían $ 54 billones

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En temas de género, la reforma rural integral es el punto más rezagado en cuanto a implementación del acuerdo de paz.Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. Archivo EL TIEMPO

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La Reforma Rural Integral (RRI) no solo fue el primer punto acordado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. Es el corazón del acuerdo de paz cuyo propósito fue avanzar hacia una transformación estructural del campo, cerrar las brechas entre pobladores urbanos y campesinos, y mejorar la calidad de vida y oportunidades del sector rural.

Esta reforma tuvo metas tan ambiciosas e importantes para el desarrollo del país como erradicar la pobreza rural extrema y disminuir en un 50 por ciento la pobreza rural multidimensional, en un plazo de 10 años.

Luego de tres años y medio de la firma del acuerdo, la Contraloría General publicó un informe enviado al Congreso sobre el uso de los recursos en su implementación. El estudio, conocido por EL TIEMPO, revela un riesgo sobre el que el ente de control le ha venido advirtiendo al Legislativo: a la Reforma Rural Integral le harían falta por lo menos 54,5 billones de pesos para poder cumplirla, lo que significa que estaría desfinanciada.

Pero ¿de dónde salen esos cálculos? La Rerforma Rural Intregral es el punto más costoso del acuerdo de paz. En 2017, se estimó en el Marco fiscal de mediano plazo que la implementación de todo el acuerdo –en 15 años– costaría 129,1 billones de pesos, de los cuales la reforma rural se llevaría 110,6 billones: el 85 por ciento de los recursos.

Hasta el año pasado, dice la Contraloría, en esta reforma se habían ejecutado casi 9 billones de pesos y sus recursos disponibles ahora son de 101 billones. El problema, asegura, es que el costo de todos los planes nacionales para la reforma –que agrupan proyectos para ordenar la propiedad rural y el uso del suelo, mejorar infraestructura, salud, educación, vivienda, producción rural– sería de unos 156,5 billones de pesos, lo que significa que se necesitarían un 38 por ciento más de los recursos que hoy se tienen para poder terminarla en el tiempo que queda.

El riesgo de la desfinanciación es que la reforma se quede a medio camino, sus avances se ralenticen o en el futuro se requiera más tiempo para poder cumplirla, algo como lo que le pasó a la ley de víctimas del 2011, que fue prorrogada hasta el 2030 y a la que, según ha dicho la Contraloría, le harían falta unos 115 billones para poder reparar a quienes faltan.

En julio, el Gobierno destacó que los recursos para la reforma rural se han mantenido a pesar de la pandemia del covid-19. El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo en su momento que el cumplimiento de la reforma es “una prioridad política” de este gobierno, y destacó que en el 2019 se le dieron más recursos que nunca, para un esfuerzo de $ 4,4 billones.

Reforma Rural Integral

Presupuesto de la Reforma Rural Integral, según cifras de la Contraloría General.Foto: Infografía / EL TIEMPO

A paso lento

La Contraloría asegura que, hasta ahora, los avances en algunos puntos de la reforma van a paso muy lento.

Por un lado, la Contraloría destaca, como dice Archila, que el año pasado fue cuando más se ejecutaron recursos para este punto del acuerdo de paz, pues fue casi el doble de lo invertido en el 2018, o el 2017 (ver gráfico).

El incremento en los recursos del 2019, dice la Contraloría, se debe a que se usó más dinero del Presupuesto General de la Nación en educación rural, la atención de la primera infancia, y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como inversiones del Sena para la formación profesional. Además, la Contraloría resalta que el 38 por ciento de los recursos ejecutados entre 2017 y 2019 se invirtieron en infraestructura, adecuación de tierras, vías terciarias y redes eléctricas.

Pero a la Contraloría le preocupa, y califica como un riesgo, que exista un bajo avance en la formulación y adopción de los 16 Planes Nacionales Sectoriales (PNS), estando muy rezagada la adopción de 10 de ellos.

Por ejemplo, no está lista la formalización masiva de la propiedad rural y el plan de zonificación ambiental que debía implementarse en 2018. Esto, afirma la Contraloría, “les resta velocidad a las transformaciones territoriales y al cierre de brechas que debe producir la reforma, principalmente en los territorios más afectados por el conflicto armado”.

Los retrasos en algunos planes les restan velocidad a las transformaciones territoriales y al cierre de brechas que debe producir la reforma

En los reportes entregados a la Contraloría, dice la investigación, se ve una mínima ejecución en términos de acceso a tierras y formalización, así como la no implementación del catastro multipropósito. En presupuesto, este plan es al que menos dinero se le ha girado, con solo un 3 por ciento de lo ejecutado entre 2017 y 2019.

Y de una meta de 3 millones de hectáreas de tierras entregadas a los campesinos hasta el 2028, a través del Fondo de Tierras se han entregado 29.997 hectáreas (un 1 por ciento). Y de un objetivo de 7 millones de hectáreas formalizadas hasta el 2026, van 1,9 millones (un 28 por ciento).

El organismo de control también asegura que de 32.808 iniciativas para implementar los Planes de Desarrollo Territorial (Pdet) en 170 municipios más afectados por el conflicto, solo hay un avance del 7 por ciento, es decir, en 2.642.

Sobre las metas, el Gobierno dijo que la misma OEA reconoció que los Pdet muestran avances sustantivos. Además, la Alta Consejería para la Estabilización asegura que una muestra del interés del Gobierno en este tema es que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó en el artículo 281 la necesidad de que los planes que tuvieran incidencia en municipios Pdet se articularan a su hoja de ruta.

También dijo que en el actual gobierno se han ingresado 778.989 hectáreas al Fondo de Tierras para un total de 1 millón, un avance importante ya que la meta a 12 años era ingresar 3 millones.

La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez, por su parte, afirma que en este gobierno 18.300 familias campesinas han recibido un título de propiedad de su tierra y que se ha logrado reducir a un tiempo de dos o tres meses el trámite para la formalización de predios, un salto importante teniendo en cuenta que antes podía tardar un año, o hasta 10 y 15 años. 

Por ahora, lo cierto es que la reforma rural seguirá estando en la mira de los organismos de control, ONG, líderes campesinos y de todos aquellos que sostienen que si no se logra transformar el campo, la posibilidad de una “paz positiva” –que no es más que una paz sostenible– seguirá siendo una ilusión.

*Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/acuerdo-de-paz-el-presupuesto-y-proyectos-que-faltan-para-cumplir-la-reforma-rural-integral-530270

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