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“Cierre indiscriminado de mataderos promueve el abigeato, el sacrificio ilegal, y un inminente aumento en el precio de la carne”, Senadora Maritza Martínez

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Foto/Comunicaciones Unidad de Trabajo Legislativo Senadora Marítza Martínez Aristizábal

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Bogotá D.C., noviembre 13 de 2018.-“Si el Gobierno Nacional no ofrece un respaldo económico o alternativas en el corto plazo, continuará el cierre indiscriminado de plantas de beneficio animal en los municipios que no cuentan con presupuesto para dar cumplimiento a los decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012. Esto nos enfrentaría no solo a una crisis de salubridad, debido a la proliferación del sacrificio clandestino sin ningún tipo de parámetros sanitarios, sino al aumento del abigeato y carneo y, al incremento inminente del precio de la carne”, así lo advirtió la Senadora Maritza Martínez Aristizábal (P. de la U) durante el debate que sobre el tema adelantó en la Comisión Quinta.

Pese a que se ha aplazado por más de una década la entrada en vigencia de las disposiciones de modernización de los mataderos por cuenta de lo contemplado en el Decreto 1500 de 2007, no ha sido posible que esos establecimientos cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la norma, fundamentalmente por una razón: la económica. “Darle cumplimiento a esta normativa vale mucha plata, y no se establecieron formas de financiamiento o apoyo para los mataderos que operan en pequeños municipios y centros poblados”, sostuvo la Congresista.

En los últimos diez años se registró un descenso del 65% en las plantas de beneficio del país, al pasar de 1.627 establecimiento a 559 “que lejos de mostrarse como un logro, ha contribuido de manera desafortunada a agudizar la problemática de consumo de carne procedente del sacrificio ilegal en condiciones de inocuidad todavía más criticas que las que busca contrarrestar la norma”, explicó la Senadora.

En el 2016, ante el inminente cierre de la mayoría de mataderos en distintas regiones del país, el Ministerio de Salud habilitó una licencia provisional con el fin de dar un último plazo a los municipios para cumplir los requisitos por un período aproximado de dos años. Sin embargo, ya cumplido el tiempo el panorama sigue siendo desalentador, pues sólo el 38.25% de los mataderos que lograron ese permiso provisional han logrado las metas establecidas y continuar funcionando.

“Es prioritario revisar y ajustar a las realidades de territorio la normatividad y el apoyo institucional para que los municipios cuenten con plantas modernas que garanticen la inocuidad de la proteína animal sin incurrir en atropellos y desencadenar peores escenarios de sacrificio ilegal lo cual pondría en riesgo la salud de los colombianos”, puntualizó Martínez Aristizábal.

Ante este panorama el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, y el director del Invima, Julio César Aldana, se comprometieron a revisar en detalle esta situación y si es necesario, señalaron, flexibilizar las medidas adoptadas mediante el Decreto 1500, analizando los casos diferenciales de acuerdo a los territorios con el fin de que se cumplan los estándares de inocuidad y calidad en los procesos que involucran toda la cadena cárnica.

En aras de que estas intenciones puedan concretarse, la senadora Maritza Martínez propuso la creación de una subcomisión que se encargará de buscar alternativas que apunten realmente a estructurar soluciones, de esta hacen parte, además de Martínez Aristizábal, los senadores Miguel Barreto, Didier Lobo, Nora García y Guillermo García. 

*Tomado de: Comunicado de Prensa

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