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Editorial SAC. El campo en el nuevo gobierno

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El pasado 17 de junio, los colombianos elegimos como próximo Presidente de la República a Iván Duque y como Vicepresidenta a Martha Lucía Ramírez. Sin duda alguna, una jornada de- mocrática única, no solo por elegir al presidente más joven de la historia reciente de Colombia y a la primera mujer vicepresi- denta, sino también por el caudal electoral, tanto para los ganadores (10.3 millones de votos) como Gustavo Petro y Ángela Robledo (8 millones).
Desde la SAC felicitamos al Presidente Duque y su Vicepresidenta Ramírez, y estamos listos para empezar a trabajar con- juntamente en el diseño de las políticas agropecuarias que les corresponderá implementar a partir del próximo 7 de agosto.
Con los resultados del pasado domingo, Colombia mantiene una división de ideas políticas que deberán ser interpretadas
por el nuevo gobierno en su búsqueda, como bien lo dijo Iván Duque en su discurso como Presidente electo, de unir a
Colombia y mirar hacia adelante. Para la nueva oposición, será un escenario único para demostrarle al país que más allá de
las ideas e independientemente de su de- seo natural y lógico de llegar al poder en el 2022, existe espacio para buscar consensos
en las políticas públicas que tanto necesita Colombia en los próximos cuatro años.

Y en el caso de las políticas que necesita el sector agropecuario colombiano, bien vale la pena recordar en este espacio lo
que nuestra Junta Directiva definió como posición y compartió con el país el pasa- do 5 de junio, en materia del énfasis de
siete elementos de política pública que deben ser implementados por el próximo gobierno:
1. La rentabilidad del campo. Para la SAC el
próximo gobierno deberá facilitar la transformación de los productores para que su cercanía a los consumidores y la empre- sarización sean sinónimo de rentabilidad. El fomento de la asociatividad con otros actores del sector, la integración vertical,
la reducción de la intermediación, y el acceso fácil y directo al crédito, son algunas de las herramientas necesarias para que
los campesinos y medianos productores sean rentables, tengan un mejor nivel de vida y puedan diversificar la oferta exportable de nuestro país.
2. La seguridad jurídica de la propiedad rural. Una condición para que el campo sea fuente de generación de ingresos, inversión y empleo formal es la seguridad jurídica de la propiedad rural. Para la SAC el nuevo Gobierno deberá establecer un régimen de propiedad y uso del suelo, basado en información precisa y con reglas claras y estables, con enfoque diferencial y mecanismos idóneos para la definición de derechos y la solución de controver- sias. Así mismo, deberá modificar la legislación existente para incorporar instrumentos que aclaren vacíos jurídicos en temas como la extinción de dominio y la expropiación, entre otros.
3. Bienes públicos. Conectar, a través de vías terciarias y secundarias, la producción rural con los mercados de consumo, garantizar la salud y el acceso a la vivienda a los habitantes del campo, promover la educación para el desarrollo de emprendimientos rurales, lograr la máxima cobertura en
materia de riesgos climáticos, defender la parafiscalidad agropecuaria, promover el cuidado del agua y el fortalecimiento
de los distritos de riego, así como luchar de manera frontal contra el contrabando, el abigeato, la extorsión y los delitos ambientales, son bienes públicos necesarios para el desarrollo del sector agropecuario.

4. La despolitización de entidades públicas. Para los productores de la ruralidad, las instituviones públicas y sus recursos deben ser
garantía de transparencia, eficiencia y un altísimo nivel técnico. Es fundamental que en el próximo gobierno entidades como el
ICA, Finagro y Banco Agrario, entre otras, no queden en manos de cuotas burocráticas o “asignaciones a dedo”, y que por el con- trario, sus directivos sean profesionales con experiencia para generar verdaderos beneficios para los campesinos, medianos
y grandes productores.
5. Dignificación del trabajador rural y formalización del empleo agropecuario. El nuevo Gobierno deberá velar por proteger y fomentar la generación de empleos formales con seguridad social y diseñar las herramientas que permitan una verdadera  formalización del trabajo en el sector rural.
6. El rol de la mujer en el campo. Sin duda alguna, la mujer rural es fundamental para la reducción de la pobreza, la generación
de ingresos y el desarrollo sostenible del campo colombiano. El próximo gobierno deberá implementar una política clara en
esta materia, que genere oportunidades e incentivos reales para las mujeres del sector agropecuario.
7. Una política agropecuaria de largo plazo. Es imperativo que las políticas que se implementen en el próximo cuatrienio, perma- nezcan en el tiempo, fortaleciendo la estabilidad en las reglas de juego y la seguridad jurídica.
En resumen, un modelo económico que fomente la inversión rural, que fortalezca el desarrollo y la rentabilidad de los peque- ños, medianos y grandes productores, que dignifique al trabajador del campo, que fomente el trabajo conjunto entre todos los actores del sector, que garantice la seguridad y el orden público en el territorio y la seguridad jurídica de la propiedad rural, es lo que el campo necesita para los próximos cuatro años.
Desde la SAC siempre estaremos abiertos al diálogo y al trabajo conjunto, y mantendremos nuestra mirada objetiva, propositiva y crítica cuando corresponda, en el seguimiento a la gestión de políticas públicas que incidan en el desarrollo y rentabilidad
del campo colombiano.

*Tomado de: http://Revista SAC 982 Junio 2018

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