Foto/portafolio.co
El tema de los cultivos ilícitos de marihuana y de hoja de coca, su procesamiento y exportación ilegal y su incidencia sobre la economía colombiana fue un tema que surgió en los años setenta y adquirió particular magnitud a partir de la década de los ochenta. En ese momento Colombia todavía era apenas un productor incipiente de la hoja de coca y su papel dentro del negocio era en la importación de la pasta de coca de Bolivia y Perú, y su refinación, así como la exportación de la cocaína desde el territorio nacional.
Según las estimaciones de la Embajada de Estados Unidos, en ese momento se consumían entre 15 y 20 toneladas anuales y se estimaba que cerca del 70 por ciento provenía de Colombia. Desde entonces se inició el cultivo de la coca en el país y el crecimiento del área sembrada fue vertiginoso. Según Naciones Unidas para el 2001 la superficie cultivada con coca habría alcanzado cerca de 150.000 hectáreas, pero la realidad fue que a raíz de la política de seguridad democrática adelantada por el presidente Uribe y de las aspersiones por fumigación aérea se redujo a la mitad para el año 2010 y llegó a un mínimo de 50.000 hectáreas en el 2012, durante la primera administración Santos Calderón.
Desde entonces y muy particularmente desde el año 2014, el cultivo de la coca volvió a registrar un crecimiento inusitado, motivado, quizás, por dos hechos fundamentales: el anuncio por parte del Gobierno en las negociaciones de paz de La Habana de que se darían estímulos monetarios para la sustitución del cultivo y la devaluación de la tasa de cambio a raíz de la caída de los precios del petróleo, que hacía muy rentable la exportación del clorhidrato de cocaína que, por lo tanto, también incrementó el precio de la hoja de coca a los cultivadores.
Cálculos del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas señalan que en el 2014 cerca de 64.500 familias estaban dedicadas directamente al cultivo de la droga. Pero ya para febrero del 2018, un informe de la Fundación de Ideas para La Paz estima que ese número habría sobrepasado las 100.000 e inclusive podría haber alcanzado cerca de 180.000.
En cuanto a la superficie cultivada, se estima que pudo haber ascendido a cerca de 157.000 hectáreas en el 2017.
Esta situación de crecimiento del cultivo llevó al Gobierno nacional a fijarse un plan de erradicación del cultivo de la hoja de coca y a principios del 2017, la administración fijó una meta de reducción de 100.000 hectáreas de coca, de las cuales 50% se alcanzarían a través de la sustitución voluntaria, para lo cual firmó acuerdos con más de 127.000 familias, 54.000 de las cuales fueron vinculadas al programa.
Si bien las familias reportaron casi 40.000 hectáreas que se encontrarían en proceso de sustitución, hasta diciembre del 2017 el UNODC había verificado un poco más de 15.000.
En la reciente reunión del Gobierno con el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos se convino, según reportó El Tiempo reducir “los cultivos de coca en un 50% para el 2023 en relación con los niveles actuales”.
Como quien dice que se convino con Los Estados Unidos que el próximo gobierno cumpliría el compromiso que originalmente la administración Santos se había fijado como meta para su último año.
*Tomado de: http://www.portafolio.co/opinion/roberto-junguito/la-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-514966
