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Efectos de la politización en el ICA. Hallé mucho gasto sin resultados

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Después de casi siete años de permanecer en Santiago de Chile al servicio de la FAO, inicialmente como coordinadora de un proyecto de sanidad animal para apoyar con
cooperación técnica internacional a los países de la región andina en erradicación de la fiebre aftosa, y luego como responsable de un área de apoyo a los programas de ganadería que se estaban desarrollado para América Latina y el Caribe, Deyanira Barrero León regresó a Colombia. Y lo hizo para asumir la Gerencia General
del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, del cual era subdirectora de Sanidad Animal cuando se fue a trabajar con el citado organismo internacional. ¿Qué encontró y qué se propone hacer? Entrevista:
Revista Nacional de Agricultura: ¿Muy difícil dejar el cargo de la FAO?
Deyanira Barrero León: El regreso no fue tan difícil porque yo tenía a mi familia en Colombia, y ya quería cerrar ese ciclo en Chile. Me preocupaba sí el haber oído
que la situación en el Instituto era un poco complicada, pero a la vez me sentí motivada por el proceso que se está surtiendo en el país y porque ya yo conocía la institución. Pero, la verdad, hubiera querido encontrar más cambios favorables. Si bien hallé cosas que se han logrado mantener, también se observan cambios que no son los que uno esperaba.
R.N.A.: ¿Cómo era el ICA cuando Usted se fue y cómo lo encontró?
D.B.L.: Estructuralmente, el ICA había tenido un ajuste institucional –del cual hice parte en el antes y en el después–, que llevó al cierre de algunas subgerencias y a la
creación de otras, como la de Protección Fronteriza, la de Regulación y Asuntos Internacionales y la de Análisis y Diagnóstico, así como a la creación de las subgerencias regionales. Todo esto, con el espíritu de tener dolientes
propios, de contar con líderes en cada área.

En algunas áreas sí encontré un cambio, como en el de la atención en frontera, una apuesta de país, en la que intervienen el Ministerio de Comercio, la Dian y los operadores de los puertos. Observo cambios como las certificaciones en línea y el fortalecimiento de la capacidad operativa en puertos y aeropuertos. No obstante lo cual, encontré que lo de la planta de personal en esta área no está resuelto aún. Así, en Buenaventura, el puerto granelero más grande del país, solo cuenta con dos inspectores.

Pero la mayor dificultad que estamos encontrando es el crecimiento desbalanceado entre el área administrativa y las áreas misionales técnicas de la institución. Es cierto
que uno necesita un soporte administrativo para desarrollar las tareas, pero no puede ser que una institución como el ICA, que es de carácter técnico, tenga una gran cantidad de nombramientos y contratos de servicios en áreas que no son misionales.

R.N.A.: Por ejemplo.
D.B.L.: Encontramos más de 3.500 contratos por un valor cercano a los $97.000 millones. Contratación que no obedece a perfiles adecuados, ni a programas de
trabajos concretos. Se gastó así un recurso importante pero no se ven los resultados. Ahora lo que estamos haciendo es aplicar los primeros filtros para adelgazar esa contratación.

R.N.A.: Esto confirma que el ICA se había politizado.
D.B.L.: Puedo decirle que lo hallado no corresponde a las verdaderas necesidades de la institución. Una primera línea que el ministro Valencia me pidió consiste en un trabajo de despolitización de la institución, y en ese sentido lo primero que hicimos fue cambiar todo el equipo directivo, todas las seis subdirecciones (ya hay
varios nombramientos en firme), y las cinco direcciones técnicas, las cuales no se tocaban hacía mucho tiempo y necesitaban nuevos aires. En conclusión, la orientación del gasto no fue la adecuada. Ahora lo que estamos haciendo con los nuevos subdirectores y los directores técnicos es mirar la planta de personal que tiene la institución, el volumen de contratación y los perfiles de esos contratos, para poder definir las verdaderas necesidades en esta materia. El primer ejercicio que hicimos en este sentido nos permite apostar por una reducción de 40% de esa contratación.

R.N.A.: ¿Qué otra cosa halló que no debería ser?
D.B.L.: Que algunas instancias de trabajo conjunto con el sector privado estaban congeladas o desapareciendo –como la Comisión Nacional de Fiebre Aftosa–, las cuales estamos tratando de restablecer. Pienso que frente a esa fragilidad institucional que tenemos, dichas alianzas constituyen una fortaleza importante que nos pueden ayudar a ejecutar algunas cosas o a alimentar las discusiones técnicas. Por otro lado, encontré un montón de contratos a punto de quedar sin ejecutar, por un valor cercano a los $80.000 millones, muchos de ellos de gran importancia, como el de mantenimiento de equipos de los laboratorios, compra de reactivos y la vigilancia de la institución. Me argumentaron que todo se debió a la Ley de Garantías, lo cual no es convincente porque yo llegué un mes después de que se suspendiera la aplicación de esta.

R.N.A.: ¿Ese programa de restructuración del ICA que inició el hoy ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en qué paró?
D.B.L.: Una parte no se logró implementar plenamente, entre otras razones porque la autorización para ampliar la planta de personal que recibió el ICA en ese entonces no se ha cumplido debido a que la institución no ha podido finalizar los concursos de convocatoria respectiva. A hoy, tenemos 361 cargos que no podemos llenar por falta de presupuesto, frente a lo cual estamos conversando con el gobierno para ver si en el marco del Plan de Desarrollo podemos resolver esta situación.

También observo una cosa perversa en materia de nombramiento del personal, que va en contravía de los perfiles que había establecido la institución para conseguir
un recurso humano con buena formación. Se trata de un sistema que se llama “de escalera”, consistente en que los funcionarios de planta ascienden al cargo que queda vacante, lo cual nos impide traer gente idónea para mejorar el perfil técnico de la institución. Estoy haciendo unas consultas para ver si este esto es así de estricto.

R.N.A.: Usted ha anunciado una renovación institucional, de la cual ya ha mencionado algunos componentes. ¿Qué más hay en este frente?
D.B.L.: La reducción de trámites, un compromiso de este gobierno, para contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario. En este campo, hemos
recibido una importante cantidad de observaciones por parte del sector privado, preocupado por las largas esperas que hoy demandan los procesos, lo que amerita un ajuste importante. El ICA tiene una deuda con la Ley Antitrámites.

Un poco asociado con lo anterior, tenemos los procesos de tercerización, para lo cual estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en la identificación de las áreas que pueden ser objeto de esta decisión. Ya tenemos algunas que son muy evidentes, como ciertos servicios de análisis y diagnóstico y certificación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Estoy convencida de que ante la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, lo mejor es utilizar la capacidad de país.

Ahora bien, como la reducción de los trámites y la tercerización pasan por el soporte que deben tener los programas de sanidad animal y fitosanitarios, lo que estamos
haciendo es darles un enfoque más estratégico a los más gruesos, con el fin de contribuir a que más productos colombianos tengan acceso a los mercados externos, en desarrollo de la llamada “diplomacia sanitaria” del presidente Duque. En este sentido, hay un trabajo grande en el área de sanidad vegetal, que tiene que ver con la revisión del plan de trabajo para el sector citricultor, especialmente en cuanto tiene que ver con la enfermedad del Huanglongbing (HLB), gran preocupación para los cultivadores. También está el Plan Nacional para la Mosca de la Fruta, sobre el cual ya se está trabajando para la socialización de las propuestas técnicas.

En el área animal figura el programa de brucelosis, que en realidad no existe como tal, sino una serie de actividades desarticuladas. Me comprometí con el sector ganadero a constituir un comité asesor externo, a través del cual vamos a circular nuestra propuesta y a recoger opiniones de expertos, de manera que antes de finalizar el año podamos tener una primera propuesta de programa.

El sector ganadero también me ha pedido actualizar el programa de fiebre aftosa. A raíz de la emergencia por la que estamos atravesando, encontramos que el programa se quedó estático, haciendo siempre lo mismo, sin actualizar estrategias de vigilancia y de manejo diferenciado de áreas de frontera. En este caso, estamos haciendo una alianza con diferentes instituciones, como el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con el cual nos encontramos elaborando un convenio de asesoría casi permanente para la actualización del programa.

En el sector avícola encontré que se avanzó en la definición de una zona estratégica para las exportaciones, localizada en el Valle del Cauca, para lo cual se requiere
la erradicación del Newcastle. Con los avicultores se está terminando de establecer cuáles son las acciones complementarias en las que nos vamos a comprometer para poder lograr la erradicación de dicha enfermedad.

Con el sector porcicultor, igual, estamos acompañando los procesos de zonificación y de erradicación donde ya el país tenía avances importantes. Cuando yo me fui de la
Subdirección de Sanidad Animal, recién habíamos hecho un trabajo de alianza con los porcicultores, gracias al cual logramos que el Eje Cafetero y Antioquia, con 65% de la porcicultura nacional, fueran certificados como áreas libres de peste porcina sin vacunación, para abrirle las posibilidades de exportación a este sector. En este sentido, ya hemos enviado la información sobre estas zonas a los países con los cuales Colombia ha firmado acuerdos comerciales.

Una vez concluyamos la formulación de dichos programas gruesos, vamos a hacer la redistribución de los recursos, de acuerdo con la gestión por resultados, en vez de
una distribución por históricos.

R.N.A.: ¿Y de presupuesto cómo está el ICA y cómo esperan salir
librados en el Plan de Desarrollo 2018-2022?
D.B.L.: Eso no lo tenemos aún lo suficientemente claro, pero al menos para la vigencia del 2019 y gracias a la gestión del ministro Valencia, desapareció la amenaza de que íbamos a ser objeto de una reducción presupuestal.
Entonces, el ICA va a recibir el próximo año, básicamente, los mismos recursos que tuvo en el 2018, los cuales obviamente no son suficientes y nos obligan a hacer una
mejor planificación de los mismos. Pero el Ministerio de Agricultura está adelantando una gestión paralela con la cartera de Hacienda para tratar de conseguir algún empréstito internacional. Entiendo que ya hay una misión del Banco Mundial, que se reunirá inicialmente con el Ministerio de Agricultura y después conmigo.
R.N.A.: ¿Cómo está el ICA en materia de laboratorios de diagnóstico?
D.B.L.: Algunas áreas lograron fortalecerse a través de los convenios que se suscribieron con el sector privado, financiados con recursos de la parafiscalidad. Gracias a esto, se hicieron cartas específicas de trabajo, que permitieron, por ejemplo, la actualización de algunos equipamientos de laboratorios y la contratación de personal para atender la demanda de servicios. Pero hace falta fortalecer
el trabajo en regiones, especialmente en el área vegetal. Creemos que vamos a encontrar laboratorios privados con capacidad instalada, con los cuales podemos tercerizar el servicio. Agrosavia también puede ser un socio estratégico para trabajar las pruebas de los planes de residuos para las exportaciones de vegetales.

R.N.A.: ¿Hablando de Venezuela, qué tanto le preocupa al ICA la crisis institucional que allí se vive y de la que no escapa seguramente la que tiene que ver con la
sanidad animal y vegetal?
D.B.L.: Nos preocupa bastante lo que pasa en Venezuela. Para nadie es un secreto la situación de incertidumbre que allí se vive en relación con lo que está ocurriendo en el campo de la sanidad animal y vegetal, frente a lo cual el ministro Valencia está haciendo unas manifestaciones en comunicados dirigidos a organismos  internacionales regionales y los homólogos de la región, formulándoles un llamado
a un trabajo conjunto para mirar cuál sería la mejor estrategia para apoyar a Venezuela, si el gobierno de Maduro lo permite. Por ahora lo que estamos haciendo es ver cómo podemos fortalecer ese cambio de estrategia y medidas diferenciadas en los departamentos fronterizos con Venezuela.

R.N.A.: ¿La OIE debería llamarle la atención a
Venezuela?
D.B.L.: Por supuesto, porque Venezuela es miembro de este organismo. De hecho, una primera reacción de la OIE fue retirarle la aprobación que años atrás le había
otorgado al programa de trabajo en fiebre aftosa, a raíz de requerimientos que hicieron países ante la ComisiónSuramericana de Fiebre Aftosa. Ahora bien, en cuanto a la reciente donación de 20 millones de dosis por parte de Brasil a Venezuela, debo decir que esto no nos tranquiliza del todo porque la vacunación es apenas una herramienta de un programa contra la aftosa.

R.N.A.: ¿Cómo es el actual clima laboral del ICA? ¿Cómo está el
ánimo de los funcionarios?
R.N.A.: Encontré un clima laboral un poco complicado porque algunos funcionarios de trayectoria se sentían relegados por personas nuevas que llegaron a través de
la contratación, lo cual se había traducido en desmotivación; también recibí quejas de ellos en el sentido de que personas sin el perfil que exige el ICA habían sido contratadas con mejores salarios. Pero igualmente, debo decir que encontré algunos contratistas con un buen nivel de formación y comprometidos

*Tomado de: file:///C:/Users/User.User-PC/Pictures/Revista_SAC_987_digital.pdf

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